La Administración pública regula y controla las actividades de los particulares para satisfacer el interés general de la comunidad, e impone sanciones administrativas cuando no se cumplen sus regulaciones. Sin embargo, la potestad sancionadora de la Administración está limitada por los derechos y garantías fundamentales de los particulares. Paralelamente, los derechos de los consumidores deben ser protegidos por el Estado.
¿Cómo lograr un balance entre las facultades sancionadoras de la Administración pública, los derechos de los consumidores y usuarios, y las garantías de aquellos agentes regulados por el poder de policía del consumo? ¿Cuáles son las garantías que ostentan los proveedores de bienes y servicios en el marco del procedimiento administrativo sancionador? ¿Qué se entiende por un debido procedimiento administrativo sancionador en el marco de las relaciones de consumo?
Estas y muchas otras preguntas son respondidas en este libro. De manera clara, ordenada y práctica, el profesional encontrará una guía para desempeñarse en esta área con solvencia y seguridad.
CONTENIDO
Prólogo
CAPÍTULO PRIMERO. POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO III. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
A) Definición previa de las infracciones y de las sanciones
B) Prohibición del “Bis in ídem” y la irretroactividad de la normativa sancionadora del consumo
CAPÍTULO III. CULPABILIDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
CAPÍTULO IV. DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ASPECTOS GENERALES
CAPÍTULO V. DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES DE CONSUMO
CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIÓN
CAPÍTULO VII. EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS RELACIONES DE CONSUMO TRAS LA SANCIÓN DE LA LEY 26.993
Conclusiones
Bibliografía