El mercadeo y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados tienen serios impactos en la salud global, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Aunque varios organismos internacionales recomiendan limitar dicha influencia, surge el debate sobre si esas restricciones están legal y constitucionalmente justificadas en Colombia. Este documento intenta responder a este debate al presentar los argumentos jurídicos de derecho internacional y constitucional que justifican esta medida. Así, se exploran cuatro dimensiones del fenómeno: en primer lugar, porque es una preocupación central para la salud pública y para los derechos humanos; en segundo, cuales son las recomendaciones internacionales más autorizadas en la materia; en tercer lugar, cual es el marco de derechos humanos y de derecho constitucional colombiano que justifica el deber del Estado de regular estas prácticas; y en cuarto, como dicha regulación es perfectamente coherente con el ordenamiento constitucional colombiano en tanto no limita la libertad de empresa, ni el derecho a la libre expresión y no es una práctica paternalista. Este documento concluye que la regulación del mercadeo y publicidad de estos productos está plenamente justificada atendiendo a las múltiples obligaciones internacionales y constitucionales en relación con los derechos de los niños y las niñas a la alimentación, a la salud y a su protección frente a los impactos de la industria. Sin embargo, persisten la ausencia de regulación pública y la confianza en mecanismos de autorregulación de la industria que se han mostrado ineficaces y que no se ajustan a estándares internacionales en materia de derechos humanos.