La protección del medio ambiente o de los consumidores son claros ejemplos de la defensa del interés público que permiten los procesos colectivos, cuestión que fue incorporada en la reforma constitucional de 1994 al reconocer la protección judicial de los derechos de incidencia colectiva. Sin embargo, no ha sido regulado este aspecto, rigiendo una legislación de amparo dictada por gobierno de facto.
Más allá de las atinadas y concretas explicaciones sobre el estado de situación de estos procesos, Verbic intenta adentrarse en la cuestión en busca de soluciones que garanticen el derecho. Así se aboca al ámbito de aplicación, el objeto, los requisitos de la demanda, la legitimación para accionar, las notificaciones, cosa juzgada expansiva, el sistema de las “class actions”, las audiencias públicas y el instituto “amicus curiae”, las medidas cautelares, costas, daños colectivos, entre otros temas. A través de todo el desarrollo de la obra se detectan relevantes referencias doctrinarias y de jurisprudencia judicial que influyen con mayor o menor suerte sobre criterios o posturas, sin perder de vista la meta: encontrar “respuestas útiles” como apunta Eduardo Oteiza, su prologuista.
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