La búsqueda de mecanismos y estrategias que fortalezcan los principios básicos del modelo estatal contemporáneo es una tarea fundamental para la estabilidad y legitimidad de los mismos, así como un elemento central en la construcción de un modelo de desarrollo global que pueda sortear los retos de la inequidad y la prevención y el manejo de los conflictos.
El Estado tiene de forma consolidada al menos tres aspectos que sufren, entre otras cosas, una crisis importante en diferentes dimensiones: el principio de legalidad o la legalidad (Laporta, 2007, p. 151), la democracia y los derechos. Estos elementos plantean como ejes del concepto de Estado contemporáneo, desde luego, con diversos centros e interpretaciones. Pero lo cierto es que asistimos a una pérdida considerable de legitimidad propiciada por el desgaste, justamente, de la democracia representativa y sus mecanismos y, con esta, de la legalidad en el sentido estricto, puesto que la ley, como fuente central del concepto regulatorio del Estado, no continúa siendo su centro y se ha desplazado a otras formas normativas, producto de la organización local y de las formas tradicionales en muchos casos.